🤡 ¿10 años de paz en Colombia o solo un trámite?

🤡 ¿10 años de paz en Colombia o solo un trámite?

Hace una década, Colombia celebraba un hito histórico: el fin de seis décadas de conflicto con las Farc. El acuerdo puso fin a la insurgencia más antigua del continente y permitió que miles de excombatientes dejaran las armas, marcando un antes y un después en la historia del país. Pero, la realidad actual es mucho más compleja que lo pactado en La Habana.

Aunque la mayoría se ha mantenido en la legalidad, la paz no logró unir a la sociedad ni garantizar la seguridad de los reincorporados. Hoy, la ausencia del Estado y la expansión de grupos armados han creado un vacío peligroso, mientras que el estigma social sigue afectando a quienes buscaron una segunda oportunidad.

¿Por qué diez años después seguimos hablando de una deuda pendiente? Analizamos por qué, pese al avance simbólico, la implementación del acuerdo enfrenta serias crisis de seguridad y exclusión que aún no han sido resueltas.

⚠️ ¿Qué es lo que se ha cumplido y qué deuda pendiente tiene Colombia tras diez años del acuerdo con las Farc?

A diez años de la firma del acuerdo con las Farc, Colombia ha logrado lo que parecía imposible: desmovilizar a una guerrilla que mantuvo al país en guerra por seis décadas. La mayor parte de los excombatientes, cerca del 85 por ciento, sigue fuera de las armas y comprometida con su reintegración civil. Este logro histórico puso fin al conflicto político armado tradicional y permitió que miles de personas volvieran a la legalidad, un avance que expertos reconocen como un éxito innegable para la historia reciente del país.

Pero, existe una deuda pendiente crucial que aún no se ha saldado: la seguridad y la cohesión social. A pesar de la paz formal, la violencia ha mutado y ahora está liderada por grupos armados ilegales que controlan economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal en territorios donde el Estado tiene poca presencia. Esto ha generado que la convivencia sea difícil; encuestas muestran que gran parte de la población no se siente cómoda teniendo como vecinos a exguerrilleros, lo que refleja una profunda fractura social que el acuerdo no logró sanar completamente.

La situación también se agrava por la falta de oportunidades en las zonas más afectadas por la guerra, donde han surgido nuevos focos de conflicto. Mientras que el objetivo inicial era transformar estos territorios mediante desarrollo e inversión, la realidad actual muestra un aumento significativo de la confrontación y de la presencia de bandas criminales. Por ello, aunque se acabó la insurgencia clásica, la verdadera paz integral sigue siendo un reto pendiente que requiere más atención, recursos y voluntad política para garantizar la protección de las víctimas y la estabilidad de las comunidades más vulnerables.

¿Cómo han cambiado la seguridad y los territorios colombianos con la aparición de nuevos grupos armados?

La salida de las Farc dejó un vacío de poder que fue ocupado rápidamente por nuevos grupos armados, como las disidencias guerrilleras y las bandas criminales. En lugar de desaparecer, la violencia se transformó: hoy el objetivo principal ya no es tomar el control político del país, sino dominar las economías ilegales en zonas rurales. Estos nuevos actores controlan actividades como el cultivo de coca, la minería ilegal de oro y la tala clandestina, además de imponer cobros por extorsión a negocios locales para asegurar sus finanzas.

Esta lucha por el territorio ha hecho que la seguridad empeore drásticamente para la población civil. Las zonas de conflicto se han duplicado en los últimos años, afectando regiones donde el Estado siempre estuvo ausente. Los excombatientes enfrentan altos riesgos de asesinato y rechazo social, mientras que las comunidades locales viven bajo la presión constante de estos grupos. La falta de oportunidades económicas y la poca inversión pública hacen que estos territorios sean fáciles de controlar para quienes ofrecen dinero rápido pero a cambio de obediencia y silencio.

En resumen, aunque el acuerdo puso fin a una guerra de décadas, no logró transformar realmente los territorios más vulnerables. La presencia de múltiples grupos armados fragmenta el control regional y dificulta cualquier intento de paz real. Sin una presencia estatal fuerte que ofrezca empleo, justicia y servicios básicos, estas zonas seguirán siendo focos de tensión donde la ley del más fuerte sigue imperando sobre la convivencia pacífica.

¿Por qué sigue siendo un desafío lograr que la sociedad acepte a los excombatientes y transforme las zonas afectadas por el conflicto?

Lograr que la sociedad acepte a los excombatientes y transforme las zonas devastadas por el conflicto es un reto enorme porque, más allá de firmar un papel, se necesita cambiar la mentalidad colectiva y garantizar seguridad real. A diez años del acuerdo con las Farc, muchas comunidades aún sienten desconfianza hacia quienes dejaron las armas. De hecho, encuestas recientes revelan que casi tres cuartas partes de las personas no se sentirían cómodas teniendo como vecinos a exintegrantes de la guerrilla. Esta resistencia no es solo prejuicio; está alimentada por el miedo constante a la violencia y la falta de oportunidades reales en esas regiones.

El problema se agrava porque, al retirarse las Farc, surgieron nuevos grupos armados que compiten por controlar economías ilegales como la cocaína o la minería ilegal, además de ejercer extorsión. Esto ha creado un ambiente hostil donde tanto los excombatientes como los civiles corren peligro. Sin presencia estatal sólida ni trabajo social continuo, los territorios afectados siguen siendo focos de tensión. La paz no solo requiere dejar las armas, sino construir confianza día a día, algo que hoy parece lejano para millones de colombianos que ven cómo la inseguridad regresa a sus calles.

Diez años después, el acuerdo con las Farc demuestra que desarmar a una insurgencia es solo el primer paso hacia una paz verdadera. Si bien hemos superado la guerra convencional, la deuda pendiente de seguridad y cohesión social nos recuerda que la reconciliación requiere más que firmas; exige presencia estatal real, oportunidades económicas tangibles y un esfuerzo colectivo por superar el miedo. La transformación de los territorios olvidados y la aceptación de quienes eligieron la vida no son tareas del gobierno únicamente, sino un compromiso de toda la sociedad colombiana. Te invitamos a reflexionar sobre tu rol en esta construcción: ¿estás dispuesto a mirar más allá del estigma y apoyar la reintegración? La paz no se firma, se construye día a día con acciones concretas y voluntad política. Tu voz y tu actitud pueden ser el motor para cerrar esta brecha histórica y garantizar que la tranquilidad llegue de verdad a quienes más la necesitan.

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